El decreto de necesidad y urgencia (DNU), rubricado por Javier Milei, suscitó ya notables polémicas. Sin embargo, es imperativo señalar que esta medida no constituye una empresa esencial para la gestión de La Libertad Avanza. Existe una probabilidad no menor de que sea el Congreso, un acontecimiento sin precedentes para un DNU, o incluso el sistema judicial, quienes detengan su implementación. En el caso de que esto ocurra, podría suceder que aún así no se registren retrocesos significativos en las acciones o ni en los bonos argentinos.

En los días subsiguientes, el Congreso será el escenario de la presentación de varios proyectos de ley de mayor necesidad que el DNU para el gobierno de Milei. Entre estos, el más relevante -por varios frentes- es el "fiscal", abarcando la reintegración del impuesto a las Ganancias, la amnistía fiscal y la moratoria impositiva y previsional, junto con ajustes en Bienes Personales. Ya que tiene impacto sobre las personas, las empresas, pero también sobre la coparticipación a las provincias, municipios y comunas. 

Las urgencias para Milei están más asociadas justamente al frente fiscal que las reformas de "segunda generación" que están en el DNU, así como mantener la pax cambiaria y financiera hasta que llegue la cosecha gruesa.

El núcleo del programa de emergencia implementado por el binomio conformado por el presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, radica en la notable apreciación del dólar oficial. Este ajuste cambiario del 120% constituye un eje central de la rectificación de las variables económicas.

La cotización del dólar por encima de los $800 equivale prácticamente a los niveles observados en 2002 -recordaron en estos días los economistas más memoriosos-, cuando el tipo de cambio experimentó un incremento de 1 a cerca de $4, estabilizándose luego en torno a $3,80 durante ese año. Es importante destacar que al asumir Néstor Kirchner en mayo de 2003, el valor del dólar había retrocedido a poco más de 2,80 pesos.

Ese dólar extraordinariamente alto de 2002 y los primeros años del kirchnerismo incrementaron notablemente la competitividad y permitieron al gobierno de Eduardo Duhalde beneficiarse de una parte de esa renta a través de las retenciones a las exportaciones. El gobierno de Kirchner se benefició de esas condiciones, logrando superávits gemelos, tanto comercial como fiscal, en niveles inéditos.

La estrategia concebida por Caputo guarda similitudes notables, a pesar de las diferencias temporales y de las herencias recibidas. Desde entonces, los exportadores no habían disfrutado de un tipo de cambio tan favorable para sus negocios internacionales. Como incentivo adicional, Milei ordenó la eliminación de restricciones para la exportación de cualquier producto al mundo.

Esta medida permite al Ministerio de Economía apropiarse de una porción de esa renta mediante retenciones. A ello se suma el impuesto PAIS para los importadores, que actúa como una barrera para la competencia de productos extranjeros. No pasará mucho tiempo antes de que surjan denuncias por considerar estos impuestos como barreras paraarancelarias, combatidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El sustancial incremento del tipo de cambio oficial ha permitido al gobierno actual reducir drásticamente la brecha cambiaria, pasando de más del 150% a menos del 20% en poco tiempo. No obstante, este ajuste ha desencadenado una ingeniería destinada a lograr rápidamente uno de los objetivos principales de esta fase: la liberación de los controles cambiarios y el fin del cepo.

La reducción de los pasivos monetarios es un elemento clave de esta estrategia. Con un tipo de cambio elevado, resulta más sencillo disminuir la tasa de interés en pesos, ya que se reducen las preocupaciones acerca de una devaluación. La licuación propicia la extinción gradual de los pasivos del Banco Central, como las Leliq y pases. Por supuesto, los perjudicados son los ahorradores y los propios bancos, quienes carecen de alternativas para protegerse ante la escalada inflacionaria.

El bono en dólares emitido por el Banco Central, destinado a brindar una salida a los importadores endeudados con proveedores extranjeros, sigue la misma senda. Este instrumento busca ofrecer a las empresas una opción para convertir pesos en un activo dolarizado, sin necesidad de vender divisas al contado. En esencia, el objetivo es reducir la presión cambiaria.

Simultáneamente, el Banco Central ha empezado a recuperar reservas gracias a mayores liquidaciones por parte de los exportadores. Sin embargo, las importaciones continúan considerablemente frenadas y se estima que llevará al menos cuatro meses alcanzar una normalización completa. Mientras tanto, aquellos que deseen realizar compras en el exterior deberán efectuar pagos en cuatro cómodas cuotas, un término que muchos vendedores probablemente no aceptarán.

En los próximos meses, se anticipa la continuación de la liquidación agrícola, en particular de trigo, mientras se espera la entrada de dólares provenientes de la cosecha gruesa, superando totalmente la sequía que afectó este año.

Aunque el Banco Central había dejado trascender negociaciones en curso con bancos extranjeros para obtener un préstamo excepcional de alrededor de 3.000 millones de dólares, hasta ahora no se han anunciado novedades significativas. Tampoco se ha logrado desbloquear un nuevo tramo del swap con China. En cuanto al FMI, las expectativas se centran en desembolsos que permitan cumplir con los vencimientos en el primer semestre de 2024.

El gobierno aprovechó el aumento de la demanda de pesos a finales de año y su continuación en enero para contener la caída de los dólares financieros, que ya el viernes descendían por debajo de los 950 pesos. El verdadero desafío se presentará en febrero, cuando se invierta el proceso y tanto empresas como hogares demanden menos pesos.

Superar con éxito la barrera de febrero requerirá que el plan de ajuste fiscal sea creíble, al tiempo que se implementan medidas para dejar atrás el excedente monetario. En caso de lograrse, no resultaría sorprendente que ya en marzo o abril se avance decididamente hacia la eliminación del cepo. Quedarían únicamente algunas restricciones puntuales, como la prohibición de que las empresas repatríen dividendos de forma abrupta, una medida que tampoco fue levantada durante el gobierno de Mauricio Macri.

No obstante, el significativo ajuste cambiario, que acelera la liberación del cepo y el ajuste fiscal, no es gratuito. Este ajuste está generando un impacto inflacionario considerable, que trasciende incluso el ajuste de las tensiones acumuladas que dejó Massa.

Se esperaba que el índice inflacionario rondara el 20% para diciembre y terminara finalmente cerca del 30%. Parte de este incremento se explica por una devaluación que superó las expectativas. Asimismo, se espera que en enero se sienta el impacto, con niveles que podrían situarse en torno al 25%.

La determinación es afrontar de una vez por todas el "mal trago" descrito por Milei en su discurso de asunción presidencial, pagando los costos del "sinceramiento". Pero será un proceso en el que se deberá atravesar un verano complejo, con marcadas pérdidas del salario real, protestas y una sociedad que viene de varios años de desgaste.