En el marco de una reunión de la comisión directiva realizada este jueves en la sede de la entidad, los referentes de la organización decidieron dejar firme la decisión de continuar con este método de pago e intensificar sus reclamos por la vía legislativa en pos de ponerle fin a los perjuicios provocados diariamente debido a los plazos de acreditación y las comisiones fijadas por las compañías emisoras de los plásticos.

No obstante, los estacioneros también se reunieron con Mercado Pago para encontrar alternativas al cobro con tarjeta de crédito. Durante el encuentro se exploraron distintas posibilidades, ya que trabajando con esta plataforma, la acreditación del dinero es inmediata y la comisión sólo es del 0,8 por ciento. Y de igual manera, se acordó la posibilidad de que las expendedoras puedan registrarse para que los clientes hagan uso del cash out.

Con respecto a las tarjetas de crédito, el objetivo es lograr la modificación de la ley 25.065, que permita establecer definitivamente como tope el 0,5 por ciento del arancel para las operaciones de pago, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzca a 48/72 horas.

“Esta semana nos presentamos ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación y solicitamos que nos citen urgente para plantear nuestra posición y poder avanzar en el tratamiento del proyecto en cuestión”, explicó Vicente Impieri,  quien oficiaba como vicepresidente de CECHA, pero que de ahora en más estará a cargo de la conducción de la organización en reemplazo de Gabriel Bornoroni que solicitó licencia por cuestiones personales.

En la actualidad, el uso de esta herramienta – y las aplicaciones asociadas – alcanza al 60 por ciento de los pagos por las cargas de combustibles que se realizan actualmente en las Estaciones de Servicio, mientras que hace 5 años atrás eran del 30 por ciento.

Ese aumento del caudal de operaciones, sumado a los 18 días que los empresarios deben esperar para que se les acredite el dinero cuando la venta es con la de crédito, los obliga a comprometer su capital de trabajo, indispensable para afrontar los costos asociados a la actividad, poniendo en riesgo la subsistencia de sus negocios.

Asimismo se suma el agravante de la regulación por parte del Gobierno del precio en el surtidor, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de las actividades económicas que pueden determinar el valor al público de los productos que ofrecen de acuerdo a sus costos.