Dentro del paquete de medidas económicas que el gobierno nacional envió al Congreso, a través de la denominada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se incluye darle al Ejecutivo facultades excepcionales para establecer en forma obligatoria a los empleadores el aumento de los salarios para el sector privado.
El esquema planteado prevé que las empresas serían eximidas del pago de aportes y contribuciones patronales sobre esos incrementos salariales que se otorguen en el marco de la emergencia económica si es aprobada por el Congreso.
El gobierno nacional busca realizar el anuncio en los próximos días y para esto negocia con el sector empresario y gremios para alcanzar un acuerdo en paralelo a la votación del Congreso. Según distintas versiones, el incremento rondaría los 6.000 pesos como piso. Por esta suma, el gobierno habilitaría para que sea no remunerativa.
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