Luego de que un grupo de entidades supermercadistas señalara los problemas de abastecimiento que se están registrando en varios rubros y lo atribuyeran a las subas exigidas por proveedores, el Gobierno analiza aprobar nuevas subas que promediarían el 3%. Sin embargo las fabricantes reclaman entre un 25% y un 30%.
Desde marzo rige un congelamiento de precios de artículos de consumo masivo, que admitió un ajuste del 4,5% en julio, pero casi tres meses después, quedó muy desfasado. Como una forma de meter presión, algunas comenzaron a retacear productos o buscaron imponer subas de forma unilateral, algo que supermercadistas advirtieron que no pueden convalidar porque podrían ser sancionados por la Secretaría de Comercio Interior.
El resultado por el momento es menor stock, faltante de algunos productos o determinadas marcas y algún intento de armado de listas propias de precios en algunos comercios, sobre todo los más pequeños. Distinto es el caso de grandes cadenas, con otro poder de compra mayorista y que en caso de modificar drásticamente los valores, quedaría expuestos ante el Gobierno.
Con el fin de evitar que el conflicto se agrave y el faltante se profundice, el Ministerio de Desarrollo Productivo comenzó a trabajar con los supermercados de varias provincias para resolver el problema con los proveedores y analizar la estructura de costos. A partir de allí se actualizará la lista de Precios Máximos, aunque el temor de los industriales es que esto se demore o no se ajuste a lo que ellos consideran necesario.
Este programa surgió como una manera de contener el costo de productos en una situación de emergencia como la pandemia, pero ante la continuidad de las restricciones, y el temor a un incremento de la inflación, empresarios sospechan que la iniciativa llegó para quedarse. Lo que buscan el menos es que los valores acompañen los costos que ellos están registrando.
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