Desde hace algunas semanas comenzó a recorrer en despachos y el sector lácteo que el gobierno nacional analizaba la posibilidad de asistir una vez más a SanCor, que nunca dejó atrás la dura crisis que llevó a la cooperativa a desprenderse de importantes activos.

Si bien el gobierno asistió de forma masiva a las empresas de todo el país a través de distintos mecanismos como los ATP, en el caso de avanzar en la láctea Sancor podría convertirse así en la segunda intervención de peso de Nación en una empresa del centro-norte santafesino después de Vicentín.

El que blanqueó la posibilidad del auxilio por parte del gobierno nacional fue Héctor Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de Argentina (Atilra).

El sindicalista anunció a través de medios de comunicación de la localidad santafesina de Sunchales que ya existe una “decisión política” de avanzar en la conformación de un fondo fiduciario “financiero y administrativo” que gestionará las finanzas y la operación de la láctea.

Dijo que la intención es inyectar fondos para capital de trabajo y aumentar la producción (de los actuales 600.000 litros de leche por día a 1,5 millón/día), como una forma de generar recursos para poder ponerse al día con sus acreedores, entre ellos la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). En el marco de su crisis, la cooperativa dejó de pagar contribuciones patronales e impuestos.

En este sentido, Ponce destacó que la titular del organismo de recaudación, Mercedes Marcó del Pont, ya dio el ok para otorgarle un plan de pagos por ser “una cooperativa de índole social”, en el marco del salvataje encabezado por el gobierno nacional.

También fue preciso respecto de quienes están trabajando en la constitución del fideicomiso. Mencionó al Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas; al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Mario Cafiero; y al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que preside José Ignacio de Mendiguren.

El proyecto, según Ponce, también incluye a los acreedores privados de SanCor. En particular, mencionó en sus comentarios a la agroindustrial Basf, al fondo de inversión BAF Capital y la firma holandesa AIG.

Ponce advirtió que rigen “cuestiones de estricta reserva” y que los involucrados anunciarán su participación “cuando lo quieran decir”.