Una nueva línea de largada comenzará desde este lunes para el ministro de Economía y el ganador de las elecciones generales Sergio Massa hasta el balotaje del 19 de noviembre. En esa última carrera electoral corta, antes de la definición final que determine si él o Javier Milei será el nuevo presidente, mediarán 28 días, 20 ruedas cambiarias, un índice mensual de inflación, una serie de acuerdos de congelamiento de precios que deberán ser rediscutidos, una licitación de deuda en pesos, dos pagos al FMI, esquemas de fomento exportador que llegarán a su fin y un puñado de proyectos de ley presentados en el Congreso y que están fuertemente relacionados con la gestión económica.

Este domingo, el candidato de Unión por la Patria en su discurso de victoria en las elecciones dio pistas sobre la dirección que tomará su campaña, en las cuatro semanas que restan hasta la segunda vuelta. Reiteró algunas de sus ideas preliminares sobre las que pivotea respecto a su plan económico: habló de industria versus la “apertura indiscriminada”; de un régimen laboral “moderno”, pero que no implique la eliminación de “derechos conquistados por los trabajadores”; y de recursos naturales con valor agregado en contraste con “regalarlos”. También se diferenció de Javier Milei cuando habló de tener “más coparticipación”, fortalecer el peso a través de la acumulación de reservas por mayores exportaciones y sumar crédito hipotecario.

Aunque de cara a la segunda vuelta en el rol de candidato presidencial debería dar definiciones más precisas sobre cuál será, a partir del 10 de diciembre, “su” plan de gobierno, en los 28 días que restan hasta el balotaje posiblemente Massa siga privilegiando su perfil de gestión: aunque las versiones de una salida suya como ministro para dedicarse enteramente a la campaña presidencial sonaron con fuerza tiempo atrás, finalmente decidió continuar al frente del Palacio de Hacienda para reflejar un perfil gestionador incluso ante el carácter urgente de la crisis.

Además habló, durante su discurso en el búnker electoral oficialista, de tender lazos con líderes regionales. “Queremos una Argentina integrada, creemos en el multilateralismo, somos garantes de estabilidad y seguridad respecto a las relaciones con el mundo, y de garantía de seriedad para establecer relaciones”, mencionó.

Respuesta de los mercados

Los primeros pasos de la agenda que sobreviene para Massa estarán ligados a un primer monitoreo inicial a la respuesta del mercado al resultado electoral: en las PASO el síntoma del resultado inesperado de Milei como el candidato más votado hizo hundir desde temprano los activos argentinos y el Gobierno respondió con una devaluación directa del tipo de cambio oficial.

El domingo por la noche –en un muestreo que es limitado pero el único que opera las 24 horas– el dólar cripto descomprimió desde un techo de $1.150 que tocó el viernes hasta un piso por abajo de los $1.000 ya conocidos los datos oficiales electorales. Este lunes por la mañana se verá cuál será la primera respuesta del mercado cambiario: el contado con liquidación cerró el viernes encima de los 1.000 pesos. La incógnita pasa por observar si continuará la fuga hacia el dólar luego de que el candidato que propone la eliminación del peso haya dejado de ser el más votado.

Por lo pronto, un primer gesto que el Ministerio de Economía podría dar horas después de las elecciones será mostrar normalidad en la relación con el FMI y el pago de la deuda. El pago unificado de las tres instancias de cancelación de vencimientos que tenían lugar originalmente a lo largo de octubre, y que había tenido como fecha para realizar el giro el 30 de octubre, finalmente sería una semana antes. Serían, así, USD 2.600 millones con Derechos Especiales de Giro (DEG) y yuanes conseguidos en la última ampliación de swap.

En términos cambiarios, en el equipo económico juran que no necesitarán otro reajuste del dólar oficial como sucedió horas después de las PASO ante el desplome de los activos y la enorme demanda de órdenes de compra de contado con liquidación. Esos $350 que marcan las pizarras para la divisa administrada por el Banco Central quedó, para muchos analistas, atrasado en términos nominales por el avance de la inflación.

Esta semana la agenda también tendrá dos eventos relevantes para la política económica oficial. El primero provendrá por la vía de la subasta del espectro de telecomunicaciones 5G, en la cual tres compañías del sector compulsarán por quedarse con los tres lotes de 100 Mhz que se pondrán en licitación este martes por la mañana en el CCK. En el Gobierno estiman que por esa vía ingresarían –al mercado “contado con liqui”– al menos unos USD 1.050 millones, aunque con un timing menos urgente. Desde que se oficialice el resultado de las subastas, las firmas tendrán unos 15 días para hacer esa inversión.

En los próximos días, además, vencerán una serie de acuerdos de precios –como el de los combustibles y medicamentos– que tienen precios congelados hasta fin de mes. El marco de Precios Justos para consumo masivo en supermercados fue anunciado, originalmente, por 90 días a mediados de agosto. Un dato también será clave días antes de la segunda vuelta: la inflación de octubre, que se conocerá el lunes 13 de noviembre, seis días antes de la definición electoral, y que el Gobierno apuesta a que vuelva al terreno de un dígito mensual.

Por otra parte, el equipo económico podría analizar continuar con los esquema de estímulo a la exportación con tipo de cambio más alto, que en su última edición para distintos sectores terminó el viernes pasado. Sería esa una fuente posible para sumar reservas en las próximas cuatro reservas.

La otra cara de la agenda: el Congreso y los proyectos económicos

El Congreso tiene en su agenda distintos proyectos relacionados con la gestión económica. Uno todavía no tiene fecha prevista de tratamiento: el Presupuesto 2024. Pero para otros casos podría haber novedades más próximas, por ejemplo en el Senado para convertir en ley la media sanción que ya dio la cámara de Diputados al proyecto de ley de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), una norma diseñada a la medida de YPF y su asociación con la petrolera estatal malaya Petronas y desarrollar un nuevo vector de exportaciones que demandará inversiones en gasoductos, construcción y adecuación de puertos y la construcción de al menos una planta de licuefacción de gases, probablemente en Bahía Blanca.

Se trata de una veta económica gigantesca: cuando defendieron el proyecto en la cámara baja, Pablo González y Pablo Iuliano, presidente y CEO de YPF, dijeron que la Argentina podría exportar anualmente hasta 260 cargas en buques metaneros, por un valor cercano a los USD 17.000 millones.

En la misma línea, en los próximos días debería finalmente ingresar a Diputados el proyecto de promoción de áreas hidrocarburíferas “maduras”, lo que además probablemente le ganará apoyo político adicional y votos en provincias donde el gobierno tuvo resultados políticos adversos, como Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Del mismo modo, probablemente también impulse el proyecto de ley del Hidrógeno que, aunque en cabeza de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, fue diseñada técnicamente por la Secretaría de Energía, que encabeza Flavia Royón, una funcionaria identificada con el massismo.

El ministro también adelantó que pretende hacer permanente el programa Previaje, algo que luego confirmó en un acto en Potrero de los Funes, junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el todavía gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.