El Consejo Agroindustrial Argentino ha presentado su propuesta estratégica para aportar a un desarrollo federal, inclusivo y sustentable con objetivos concretos y metas que permitirían alcanzar u$s 100.000 millones de exportaciones agroindustriales y crear 878.000 empleos para el año 2033. El compromiso del CAA es que este crecimiento productivo se realice de manera ambiental y socialmente sostenible y en todo de acuerdo con los crecientes requerimientos del consumidor y de los compromisos derivados de los tratados internacionales.

Esto lleva a promover vías de desarrollo económico bajas en emisiones GEI y que sean ambiental y socialmente sostenibles, sistemas que se engloban en los conceptos de economía y empleo verde y descarbonización. Como políticas, esto se traduce en impulsar una transición energética hacia energías renovables y una transición productiva que demuestre que no se está afectando la biodiversidad, los bosques y los océanos y, al mismo tiempo, se reduce la emisión de GEI.

En el contexto internacional actual, el sector agroindustrial tiene una oportunidad de expansión no solo como proveedor de alimentos, fibras y bioenergías confiable, sino como parte de las soluciones basadas en la ciencia y en la naturaleza contribuyendo a la transición energética, disminuyendo la dependencia fósil a través de los biocombustibles y las bioenergías, en la que Argentina tiene ventajas comparativas y competitivas. También puede contribuir a una transición productiva más verde con productos renovables y bajos en GEI a través de la innovación en bioplásticos y bioinsumos, entre otros, que colaboran para lograr la carbono neutralidad al 2050.

Esa expansión debe ser dentro de los límites ecosistémicos y atendiendo la agenda global. Los objetivos manifestados por el G20 e implementados actualmente por la UE, modifican en forma creciente los requisitos internacionales de comercio entre países, las condiciones que se solicitan para el financiamiento y los requerimientos para ser proveedor en cadenas globales de producción y de servicios.

“Debemos evitar que estos requisitos se transformen en barreras para arancelarias con fines políticos o económicos y para ello el Estado argentino juega un rol central en las negociaciones internacionales de modo de promover y asegurar que las regulaciones y medidas internacionales que se adopten sean basadas en aspectos técnicamente sostenibles compatibles con las normas de comercio internacional”, indicaron los empresarios.

Y concluyeron: “el futuro empieza hoy; el CAA propone gestionarlo a través de la promoción de una bioeconomía sostenible ambiental y socialmente responsable, como mecanismo de desarrollo humano, económico y de inserción internacional de Argentina”.

Ordenamiento territorial; clave y vital

Promover una Ley de Presupuestos Mínimos de Ordenamiento Territorial (OT), que, permita una mirada integral del paisaje productivo, evitando así el ordenamiento por ecosistemas específicos (bosques, glaciares, humedales, etc.).

De esta manera, se fortalecerán los instrumentos necesarios para la gestión sostenible y permitirá responder a los requisitos de trazabilidad al origen de alimentos, fibras y bioenergías. El CAA promueve los enfoques de cadena de valor para instrumentar respuestas comunes que respeten nuestros sistemas productivos.

El OT debe complementarse con la gestión ambiental sostenible a nivel de predio, por lo que se promueve incluir en las Guías de Buenas Prácticas las iniciativas de monitoreo y conservación de la biodiversidad, tal como el mantenimiento y/o creación de corredores funcionales de biodiversidad y zonas de amortiguación, el control de la pesca y la caza furtiva, la prevención y manejo de incendios y el control de plantas y animales exóticos invasores en línea con lo establecido en la Convención de Diversidad Biológica de la ONU. Promovemos la identificación de las áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) en los diferentes ecosistemas y generar incentivos para su gestión sostenible y/o restauración.

Esta identificación a nivel de paisaje productivo -junto al ordenamiento territorial- contribuye a respaldar la trazabilidad de productos a un origen de no conversión de ambientes sensibles reduciendo posibles controversias, tal como cumplir con los requisitos de cadenas productivas libres de deforestación que comenzó a implementarse este año por la UE.

Otras medidas

_ Apoyo a iniciativas de cadenas de valor tanto públicas como privadas y de ONGs que favorezcan la innovación en la gestión sostenible, balance de carbono y la restauración de ecosistemas en los paisajes productivos, tal como el programa VISEC, entre otros.

_ Promover el “financiamiento Verde” para de la investigación y desarrollo de prácticas de gestión sostenible; resiliencia y adaptación de los ecosistemas y paisajes productivos, así como la creación de incentivos a su adopción.

_ Desarrollar marcos jurídicos para la expansión de los mercados de carbono. El Estado juega un rol clave en este tema para brindar estas garantías legales imprescindibles para el desarrollo de mercados de bonos y crédito de carbono y reconocimiento de servicios ecosistémicos y activos medio-ambientales.

_ El Plan Estratégico incluye medidas complementarias, como es la promoción de investigación aplicada, la gestión de riesgos climáticos agroforestales y pesqueros, la certificación, incluidas en los puntos de “Buenas Prácticas”, “Gestión de riesgos”, “AgTechs” e “Inversiones”.