El Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo Número 69, a cargo del juez Ignacio Ramonet, ordenó un embargo por el monto de $5.044.000 contra Lácteos Vidal, la empresa radicada en Carlos Casares que en 2022 cobró trascendencia nacional por un bloqueo de Atilra que impidió trabajar con normalidad.

El monto determinado corresponde al total acumulado hasta el momento de los $10.000 por día por empleado del gremio que no ha sido reincorporado, tal como se había ordenado en fallos anteriores.

Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, expresó su preocupación por la situación financiera de la empresa y su incapacidad para cumplir con los pagos de salarios e impuestos. “No sé cómo voy a hacer para pagar los sueldos de los trabajadores y los impuestos. No tengo plata en otra cuenta para pagar”, afirmó.

A partir de esta situación, desde Apymel manifestaron su rechazo y cargaron duramente con el Poder Judicial: "la Justicia no puede enceguecerse con el capricho de un gremio y debe ponderar los derechos de todos los involucrados en una causa que tuvo su inicio en un planteo confuso y en un tránsito que se complejizó cada vez más".

El comunicado completo

A punto de cumplirse un año del bloqueo que inició una pesadilla para la empresa Lácteos Vidal, pareciera que la Justicia laboral está empeñada en complicar cada vez más la situación de una pyme que nunca incumplió con los trabajadores, ni con ninguna de sus obligaciones.

La invasión a la propiedad privada, las amenazas, la imposibilidad de poner en marcha la producción de lácteos fueron los motivos iniciales del pedido de la empresa para que los trabajadores se presenten en sus puestos, la negativa derivó en una pérdida de confianza que dio lugar a los despidos, a la liquidación de salarios que estuvo seguida de la presentación de una cautelar a destiempo de la que se ciñe el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo para presionar para la recontratación de 26 personas.

Sin sentencia, sin interpretar los motivos de estos despidos y del desafuero sindical de otros tres empleados, sólo con incidentes el magistrado, José Ignacio Ramonet, no hacen más que comprimir la historia de Lácteos Vidal.

La empresa que ronda las cuatro décadas tiene en su planta de la localidad de Moctezuma su bien más deseado por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina. La referente de la empresa, Alejandra Bada Vásquez, plantea una decidida intención de seguir haciendo lácteos de calidad, ofreciendo sustento laboral a casi un centenar de personas y mantener vigente la iniciativa emprendedora que sus padres le enseñaron y legaron.

Con causas penales abiertas y sin archivar, a pesar de las gestiones gremiales para tal destino, Lácteos Vidal tiene el principal frente de complejidad en la Justicia Laboral, que dispone un embargo por menos de dos semanas del mes de abril de cinco millones de pesos, a partir del día en el que operaron los despidos. Luego se seguiría sumando dinero de forma infinita, porque a pesar de las presiones del juez Ramonet estas 26 personas no van a ser reincorporadas. Mucho menos se despedirán a los 25 empleados nuevos para retomar el vínculo con quienes no valoraron su puesto de trabajo, tal como lo sugiere el propio magistrado en su última resolución.

Esta actitud de un juzgado laboral marca un riesgo para el futuro de las empresas en general, pero aún más para las pymes en particular.

Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas hacemos una llamado a la racionalidad judicial, para evitar que este sea un antecedente negativo para la industria nacional. Abogamos por la defensa de la propiedad privada, pero también por el derecho al trabajo y su justa remuneración de quienes hoy siguen produciendo y trabajando en la planta y el centro de distribución de nuestra afiliada.

El acompañamiento de los tamberos remitentes, de las entidades de productores, de instituciones ligadas al empresariado y también de la población cercana a esta industria demuestra que el riesgo que ensombrece a Lácteos Vidal extiende ese efecto a todos los emprendedores, empresarios e industriales de nuestro país.

La Justicia no puede enceguecerse con el capricho de un gremio y debe ponderar los derechos de todos los involucrados en una causa que tuvo su inicio en un planteo confuso y en un tránsito que se complejizó cada vez más. Apymel acompaña a su empresa asociada en un tiempo muy complejo y aguarda por una salida coherente basada en la letra de la Ley y la Constitución Nacional".