El número más estándar y objetivo para medir el drama social en la Argentina revela que la administración Macri terminará su primer mandato con un nivel de indigencia que se ubicaría entre 7% y 8% según la encuesta permanente de hogares del INDEC, dos o tres puntos por encima de la situación en que existía cuando el actual Presidente recibió el país a fin de 2015. Entonces, la cantidad de indigentes alcanzaba casi a 5% de la población, en este caso tomando los datos del observatorio social de la UCA ya que Cristina había intervenido el Indec y no medía la pobreza, como si no reconocerla resolviera el problema.

Lo significativo en la era Macri, es que subió la cantidad de indigentes a pesar de que aumentaron todos los presupuestos de asistencia social durante su mandato, mejoró claramente la transparencia en la administración de esos recursos, e incluso se la cuestiona a la ministra Carolina Stanley por haber sido demasiado generosa en el reparto de asistencia con los movimientos sociales opositores al Gobierno. Ni hablar de la gestión de María Eugenia Vidal en el conurbano en la construcción de infraestructura básica, agua, cloacas y asfalto.

Nada de todo esto parece haber alcanzado. La indigencia y la pobreza treparon al ritmo de la inflación y las devaluaciones; y la denuncia de que con Mauricio Macri regresó el hambre en la Argentina se convirtió ahora en uno de los principales pivotes de la campaña electoral y del mensaje político de la oposición que lidera Alberto Fernández a la hora de fijar prioridades para un futuro Gobierno.

La iniciativa de Alberto y el objetivo de terminar con el hambre en la Argentina es inobjetable. También inteligente, porque reducir al mínimo la indigencia en caso de que logre estabilizar la economía parece más probable que terminar con la pobreza. Hambre cero, luce más alcanzable que pobreza cero, uno de los slogans de Macri en la campaña de 2015.

Uno de los cerebros de la iniciativa y tal vez futuro ministro, Daniel Arroyo, explica que el programa no significa ni aumentar el gasto público ni mucho menos la burocracia estatal. Supone reorganizar las partidas que ya existen y supuestamente son mal administradas. Unos $ 30.000 millones, entre otros, que asisten a los comedores en escuelas y barrios carenciados.

Lo que llama la atención y preocupa es que no haya una sola mención al flagelo de la inflación en el programa contra el hambre que presentó la oposición. Ni una sola palabra a propósito de la devaluación permanente de la moneda, el verdadero problema que multiplica los pobres y los indigentes en la Argentina. Mucho menos del tamaño del Estado y del volumen del gasto público indexado que ello determina, intocable para la Justicia, y que genera permanente déficit fiscal en la Nación y las provincias que se cubre con emisión, inflación y endeudamiento.

Allí está la razón -el déficit, la inflación y las devaluaciones- por la cual en la Argentina hay cada vez más pobres e indigentes, a pesar de que cada vez hay más Estado, más impuestos, más planes y más gerentes de planes contra la pobreza y la indigencia.

No hay duda que existen ineficiencias en las cadenas productivas y de comercialización del sector privado que encarecen los precios. También problemas de competencia. Pero el que más encarece los precios entre los productores y los consumidores es el propio Estado, con el nivel delirante de los impuestos en cascada al consumo de productos básicos. Entre el tambo y la góndola, por ejemplo, por un litro de leche se acumulan 135 impuestos. Ciento treinta y cinco!!!!! La mitad del precio de una gaseosa o de una botella de agua mineral es impuesto.

La reflexión muy instalada de que es inaceptable que haya indigencia en un país que produce alimentos o podría producirlos para 400 millones de habitantes resulta válida y movilizadora. Pero también riesgosa, según cómo se responda a la verdadera pregunta que debería formularse la Argentina a propósito de este tema: sencillamente tratar de responder por qué ocurre este fenómeno tan incomprensible y a la vez tan desgarrador.

Aquí es donde en general la dirigencia política se abre del problema y coloca toda la responsabilidad en empresas y privados: hay cartelización, no hay competencia, hay voracidad por obtener ganancias, se prefiere vender poco y caro a producir mucho, falta solidaridad al punto que los productores son tan malvados que sobran alimentos para exportar, pero no para alimentar a los argentinos. Se cuestiona a las empresas y a los que madrugan todos los días para producir alimentos por no hacer beneficencia. Se propone obligar a empresas a donar 1% de su producción, cosa que muchas ya realizan para el banco nacional de alimentos. Ni los funcionarios, ni la inflación, ni el déficit fiscal, ni la emisión sin respaldo, ni la devaluación tienen aparentemente nada que ver.

Toda la responsabilidad de la pobreza y la indigencia, en cabeza de los empresarios y el sector privado. El Estado, nada que ver. Ese Estado que Macri no redujo, y que le terminó haciendo estallar la economía en 2018 con la sucesión de devaluaciones que le signaron su vida política hasta la fecha.

Si el Estado no es el responsable y el relato instalado es que la pobreza e indigencia tienen que ver con las ineficiencias y angurrias de los empresarios, la solución es más Estado y más controles. Y desde luego más impuestos. ¿Quién puede oponerse a un Gobierno que, por el hambre, se propone cobrarle más impuestos a los ricos?

Más allá del oportunismo electoral y el truco de usar el drama social para justificar más Estado, más impuestos y más burocracia; el futuro de la pobreza y la indigencia en verdad tiene ahora mucho que ver con lo que ocurra con el dólar y la inflación a partir del lunes 28 de octubre, con el resultado de la primera vuelta.

El equipo económico del presidente Macri, tanto Hernán Lacunza como Guido Sandleris, está preparados para todos los escenarios. Suponen que todo sería más llevadero si se logra el milagro de llegar a la segunda vuelta; pero argumentan que aún si se confirmaran los números de las PASO y Alberto resultara electo, están dadas las condiciones para una transición ordenada. Tanto Lacunza como Sandleris tienen diálogo semanal con los economistas que envía Alberto: Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Martín Redrado, todos han pasado últimamente por los despachos del Palacio de Hacienda y el Banco Central.

Calculan que el elenco que triunfe en las elecciones tendrá tiempo para sentarse con el FMI y los acreedores para no entrar en default y renegociar los pagos de la deuda. "Estamos dispuestos a ser muy colaborativos", dicen en el entorno de la dupla Lacunza Sandleris. "Pero no vamos a hacer cualquier cosa", advierten. Macri no estaría dispuesto a terminar su mandato ni en cesación de pagos ni con corralitos financieros. Se van a usar todas las reservas para pagar la deuda y asegurar los depósitos en dólares.

Habrá que ver qué opinan los ganadores si es que todo se define el domingo 27. Alberto Fernández acaba de dar una pista. Cuestionó a Macri justamente por el manejo de las reservas. "Lo único que le pedí es que cuide las reservas, y estamos perdiendo más de 100 millones por día", se quejó. Nada nuevo, que el ajuste o una nueva devaluación le termine estallando al que se va, de modo de despejar un poco el camino para el que llega.