El programa económico acordado por el Gobierno con el FMI, no sólo mantiene la inviabilidad estructural del perfil de vencimientos de deuda post-octubre, sino que hunde a la economía argentina en una profunda crisis productiva con elevada inflación (depreflación). Sin embargo, desde el oficialismo se insiste en su continuidad asegurando que el mismo será profundizado en caso de una reelección presidencial. Ante esa falta de reacción de la actual gestión, desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz elaboramos el plan Hornero, un programa económico de gobierno, con propuestas para estabilizar las principales variables económicas y sociales, y relanzar la economía argentina en el marco de nuevo modelo de desarrollo (alternativo al liberal primario exportador y al nacionalista industrialista).

El plan Hornero propone un programa de emergencia de 6 meses, basado en la estabilización del mercado de cambios, una ayuda social para que todas las familias accedan a la canasta alimentaria, la aplicación de la ley de tarifas vetada por el presidente y el restablecimiento de ciertas regulaciones del BCRA que permitan un financiamiento extra de $ 44.000 millones de pesos para las Pymes a tasas razonables. El costo de implementación de ese programa es entre 1,4 y 1,6% del PBI, equivalente a 6-7% del gasto (muy menor frente al 20% del gasto que equivale el pago de intereses del BCRA por las Lleiqs).

Las políticas de estabilización del mercado de cambios se basan en un cierre del ancho de bandas actual, con una intervención contundente en el MAE que oriente las expectativas y el mantenimiento del desdoblamiento de tasas vía Leliqs. En caso de que esas medidas sean insuficientes y la economía atraviese un proceso de agudización de la corrida cambiaria y/o bancaria, se presentan 7 propuestas de intervención acumulativas para recomponer reservas, desalentar la demanda de divisas y el retiro de depósitos del sistema.

Una vez superada la emergencia socio-económica, el plan Hornero propone un programa de reactivación macroeconómica basado en la creación de 500.000 puestos de trabajo en las áreas de vivienda, educación, salud, prevención de adicciones, deportes y seguridad. Los sectores fueron seleccionados por atender demandas sociales urgentes, tener elevados multiplicadores del empleo y un bajo derrame hacia la importación. El costo del programa se estima 1,7% del PBI (6,9% del gasto) y su financiamiento no presiona sobre el presupuesto público, ya que se realiza a partir de tres fideicomisos fondeados con parte de elevados encajes bancarios (menos del 17,4% del total, equivalente a la proporción de encajes sin remuneración, por lo que tampoco afecta mayormente la rentabilidad bancaria).

El programa se complementa con una propuesta para eliminar los elementos inerciales de la inflación que ya desarrollamos en una nota anterior. Se sugiere el prefinanciamiento de exportaciones vía línea de redescuento del Banco Central con créditos en pesos pero con el capital atado a la evolución del dólar (para evitar especulaciones cambiarias). Para evitar la dolarización del mercado inmobiliario y el excedente de la economía informal, se propone el lanzamiento de una cuasi-moneda indexada a la evolución de los precios (medidos por una institución independiente con participación de la oposición, cámaras empresariales y centrales sindicales). Por último, se discute la inviabilidad del actual perfil de vencimientos de la deuda externa y la necesidad de una restructuración con los privados y/o renegociación con el FMI.

(*) Director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO)