El fiscal Gerardo Pollicita a través del Ministerio Público Fiscal solicitó la la inhibición general de bienes del ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga y empresarios y de las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A., en el marco de la causa que investiga irregularidades en el otorgamiento de préstamos millonarios de la entidad bancaria a las empresas.

Así, la inhibición de los bienes se extiende a Javier González Fraga, Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose, Ercilia Antonia Nofal, Juan José Fragati, Martín Enrique González, Susana Ojeda, Maricel Moschini,  José Luis Testa, Luis María Restelli, Néstor Ariel Bled, Darío Giaccosa, Roberto Vicentin, Osvaldo L. Boschi, Martín S. Colombo, Herman R. Vicentin, Alberto Macua, Máximo PAadoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli.

También, pidió la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, y que se dicte la "prohibición de innovar sobre su composición accionaria".

Además, la defensa de Padoán, Nardelli y Macua, había solicitado que se readecúe el objeto procesal actual del sumario, abarcando un período temporal más amplio, a lo que Pollicita no hizo lugar.

"Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A y Algodonera Avellaneda S.A, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba", señaló Pollicita en un duro dictamen.

El pasado 14 de febrero, la fiscalía impulsó la acción penal en relación a la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicetín S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal requirió que se investigue la posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de Vicentín S.A. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al BNA. 

"Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba", resume la reseña de la maniobra investigada.

"A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentín, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo", continúa.

"Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco", agregó en base a documentación probatoria recibida en la causa.