Se declaró la competencia del Juzgado Civil y Comercial, 2° Nominación de Reconquista (en el norte de Santa Fe) a los fines de sustanciar el pedido de apertura de concurso preventivo de la sociedad privada Vicentín SAIC. El caso está a cargo del juez Dr. Fabián Lorenzini. 

Se da en un contexto de algunas dudas, principalmente por la cantidad de recursos que tendría disponible este juzgado para llevar adelante el caso. Finalmente, se declaró competente y se abre el concurso en la ciudad de Reconquista. El próximo 29 de marzo se convocará a una asamblea de accionistas. 

El 10 de febrero, Vicentín presentó formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores, debido a las dificultades financieras que atraviesa, según había informado la compañía en un comunicado.

En total, la deuda de Vicentín es de 1350 millones de dólares, dividida entre 1000 millones de dólares de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa con $18.000 millones, seguido por el Provincia con $1.600 millones y el BICE con $5 millones.

Realizado el correspondiente sorteo mediante el sistema de ingreso de juicios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, la apertura de concurso recayó en el Juzgado de Primera Instancia, Civil y Comercial, 2° Nominación de Reconquista (Santa Fe). 

La profundización de diversos acontecimientos negativos, según explica la empresa, la llevó a la necesidad de reestructurar su pasivo, lo que sumado al grave impacto de una serie de medidas cautelares que dificultan o imposibilitan su normal funcionamiento, le impusieron acudir a esta herramienta legal como "la única adecuada y efectiva para preservar las fuentes de trabajo, atendiendo a la conservación de la empresa, como pasos inexorables para la satisfacción de los intereses de los acreedores y del fisco", señala la resolución judicial. 

Desde Vicentín sostiene que la cesación de pagos se ha evidenciado indudablemente con la traba de la medida cautelar de intervención de caja dispuesta en los autos “BLD SA y otros c/ Vicentín SAIC s/ medida cautelar – civil”. Le reclamaban a la aceitera el pago de unos $ 180 M.