Distintas organizaciones empresariales se pronunciaron acerca de lo acontecido los últimos días con la compañía Vicentín. El gobierno nacional definió su intervención mediante un DNU, que finalmente se concretó hoy. 

El decreto 522 dispone a intervención transitoria de la sociedad Vicentín SAIC por un plazo de 60 días, designando en la misma norma a su interventor, Gabriel Delgado. 

Las entidades empresarias, en síntesis, cuestionan la decisión oficial de intervención del concurso preventivo de la empresa Vicentín SAIC y apelan a una mayor "seguridad jurídica". 

El Foro de Convergencia Empresarial

Desde el Foro de Convergencia Empresarial consideran que la intervención e intento de expropiación de la compañía por parte del gobierno nacional es una señal contraria a la necesidad de "recrear la confianza en la Argentina".

"La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales", sostuvieron en un comunicado. Y explicaron que la ley de concursos dispone que, si no hay acuerdo con los acreedores, el juez puede abrir la posibilidad que un interesado se haga cargo de la empresa. El juez del concurso es, además, el que tiene la potestad de nombrar un administrador. "Ambas circunstancias no fueron tenidas en cuenta por el decreto 522/2020", sostuvieron.

Federación Gremial del Comercio e Industria

La Federación Gremial del Comercio e Industria, entidad representativa de los empresarios de la ciudad de Rosario y su área de influencia considera que "la iniciativa privada y la libre empresa, son los mecanismos adecuados para la generación de riqueza, empleo y prosperidad en una sociedad, siendo la intervención estatal un mecanismo saludable solamente en el marco de las regulaciones y de la excepción".

Por ello cuestionan la intervención, ya que "no se ajusta a norma específica del derecho argentino, pone en dudas la legalidad del proceso desatado y no permite prever consecuencias jurídicas sobre el futuro del mismo".

"Al estar instrumentada por un DNU, se ha omitido la discusión a través del Congreso de la Nación y además, se ha intervenido un proceso judicial en curso, vulnerando con esta norma la forma republicana de Gobierno", advirtieron.

Cadenas agroindustriales

Las entidades del agro también manifestaron preocupación por "la intervención del Estado en las cadenas agroindustriales a través de la estatización de empresas".

"Los argumentos de la necesidad de mayor soberanía y seguridad alimentaria nos parecen incompatibles con la medida elegida", explicaron desde Acsoja, Argentrigo, Asagir, CAM, Maizar y otras cámaras del agro.

"Con instituciones fuertes y una producción que ha pasado en menos de 35 años de 30 a 145 millones de toneladas, somos uno de los sectores económicos más dinámicos y eficientes del país. Eso se ha logrado gracias a un proceso de inversiones privadas, aun soportando una presión fiscal creciente y en algunos casos, con excesivos controles de distintos estamentos del Estado", señalaron en un comunicado.

"La intervención estatal tomando además el rol empresario genera incertidumbre y preocupación pues además de innecesario, implica el riesgo de distorsionar los precios de equilibrio", advirtieron. 

"En medio de una crisis económica nacional muy grave consideramos que el Estado debería utilizar sus escasos recursos en otra dirección y enfocarse en generar políticas públicas fomentando las inversiones privadas en este sector", propusieron. 

Fececo

La Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe rechazó la "intempestiva" intervención estatal a Vicentín, por "respeto a la constitución, las instituciones de la democracia y un futuro con seguridad jurídica". 

"Rechazamos enérgicamente la violación de la propiedad privada por parte del Estado. La legislación provee mecanismos y herramientas para establecer el uso público de bienes privados. Debe respetarse la ley", sentenciaron.

Además, exigieron la independencia de poderes sin que "el poder ejecutivo avasalle al poder judicial ni condicione al poder legislativo". 

Finalmente, reclamaron el avance de los sumarios administrativos e investigaciones judiciales que establezcan las responsabilidades de empresarios, funcionarios, o cualquier persona que pudieron haber cometidos ilícitos, administración fraudulenta, complicidad, connivencia arrastrando al grupo empresario a su actual situación económica-financiera.