El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA) y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, alertó que “las pequeñas empresas no tienen ninguna posibilidad de afrontar el pago del aguinaldo”.

El parate en la actividad y el consecuente impacto económico que puso en jaque a miles de empresas -producto del coronavirus- generan inquietud en el mundo empresario por los compromisos salariales que se avecinan.

En diálogo con radio La Red, el miembro de la cámara empresarial aseguró que "tiene que haber asistencia tanto para los salarios de junio como para los aguinaldos”, de cara al aproximamiento del pago de aguinaldo. 

Además, indicó que “hay industrias a las que el aislamiento no les llegó", como las alimenticias, porque "continuaron operando con protocolos internos de prevención", sin embargo precisó que "la situación se complejiza" porque "no es solo un tema de oferta sino de demanda, ya que existe una gran retracción de consumo”.

“Desde 2011 que no se crece en alimentación: ese año exportábamos 30 mil millones de dólares en alimentos procesados y ahora estaremos en 25 o 26 mil millones; veremos este año porque el mercado internacional se ha complicado y el interno ha caído. La cadena de pagos está complicada, cuando no rota en algunos casos”, describió.

Al ser consultado sobre el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el dirigente empresario consideró: “No es limosna, y lo pedimos nosotros, no lo hizo el gobierno per se, pedimos nosotros que la asistencia vaya directamente a las cuentas de los trabajadores”, al evaluar el impacto del primer desembolso durante mayo. 

"El programa ATP no le está regalando nada a nadie”, sostuvo Funes de Rioja, quien insistió con que esto sería muy distinto si Argentina tuviera un buen seguro de desempleo: “Hace 20 años que estamos en emergencia y lo único que se nos ocurre es prohibir los despidos y suspensiones o duplicar indemnizaciones, en vez de proteger al trabajador y darles oxígeno a las empresas con un seguro de desempleo que lo tienen Uruguay y los países europeos”.

La ley  27.073 indica que el aguinaldo debe ser abonado antes del 30 de junio y antes del 18 de diciembre de cada año. A pesar de que estas fechas pueden retrasarse hasta 4 días hábiles, las empresas empresas deben abonarlo en tiempo y forma.

En tanto, el cotitular la CGT, Héctor Daer, afirmó este lunes que "no existe ningún debate sobre el cobro del aguinaldo" y recalcó que "se tiene que cobrar".

"Los trabajadores tienen que cobrar el aguinaldo tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo". "Esto es así y hasta ahora no hay puesto ningún debate sobre la mesa", resaltó Daer en radio Continental, tras dementir de versiones sobre el riesgo de la liquidación en el contexto pandémico.