El gobierno provincial anunció este martes un paquete de medidas para apuntalar el sistema productivo en Santa Fe, que incluye cambios en el esquema de contratación para el futuro agente financiero de la provincia. El contrato con el Banco de Santa Fe vence el próximo 30 de junio de 2019. La iniciativa se complementará con proyectos de ley que serán enviadas inmediatamente a extraordinarias por el gobernador Miguel Lifschitz: la creación de un banco público, un fideicomiso y un fondo de garantías destinado al desarrollo y sostenimiento de diferentes sectores de la producción, principalmente la industria.

La presentación se realizó junto con representantes de diferentes entidades de la producción en la ciudad de Santa Fe.

Tal como lo adelantó ECOS365, en el llamado a licitación para brindar el servicio de agente financiero y caja obligada del Estado santafesino será por un período de cinco años con la posibilidad de ser prorrogado por otros cinco años más. Un negocio más que apetecible, ya que son unas 300.000 cuentas bancarias, entre cuentas sueldo y jubilaciones del Estado santafesino, las que se queda el banco ganador.

La apertura de los sobres está prevista para fines de marzo. Según las fuentes del sistema financiero relevadas por ECOS365, el Banco de Santa Fe –de la familia Eskenazi- que actualmente son el agente financiero de la provincia será de la partida en la compulsa por el contrato. También el Banco Macro podría hacerle sombra, ya que la entidad del banquero Jorge Brito también maneja fondos provinciales y posee una significa capilaridad de sucursales en el territorio santafesino. Y no se descarta que pueda aparecer algún tapado en la pelea.

Desde el Ministerio de Economía provincial, que conduce Gonzalo Saglione, están convencidos que con el nuevo llamado a licitación del agente financiero se abre una oportunidad para definir nuevas reglas de juegos. De allí que surgen dos proyectos de ley que tienen vínculos con la nueva licitación.

Por un lado, un proyecto de ley que tiene dos componentes: la creación de un fideicomiso productivo denominado “Santa Fe produce”, que tendrá el objeto de financiar a determinados grupos de empresas o sectores productivos que sean priorizados por el Estado provincial y que tengan dificultades para acceder al financiamiento en el mercado financiero formal, sea de capitales o bancario.

Este fideicomiso se prevé fondear con el 50% del canon del aporte que recibirá la provincia por ese concepto por parte del banco que se transforme en el agente financiero a partir de julio próximo.

Esos fondos serían al menos unos 125 millones de pesos anuales, dado que el canon es una variable que deben cotizar los oferentes, pero a los que se le fijará en el pliego un porcentaje mínimo, que se determina en base a la masa salarial que el Estado provincial destina al pago de sus trabajadores y jubilados. Ese porcentaje exigido como mínimo, a valores de hoy, supera los 250 millones de pesos anuales.

Por otro lado, esa ley tiene como segundo componente un fondo de garantía santafesino que se asemeja al que tienen otras provincias. El más reconocido, por orden de magnitud, es el Fogaba, de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchos años funcionando. De todos modos, el proyecto que el Ejecutivo santafesino enviará a la Legislatura también recoge de las experiencias llevadas adelante por San Juan y Tierra del Fuego, distritos que más recientemente crearon su fondo de garantías.

El fondo de garantía permite que una empresa que no puede financiarse en el mercado por diversas razones puede acceder a tasas más bajas si no tuviera esta herramienta disponible.

En otro proyecto de ley que el gobierno provincial elevará a la Legislatura es la creación de una entidad financiera pública provincial para financiar también el desarrollo de empresas y sectores radicados en Santa Fe.

¿Cómo está previsto que se capitalice esta banca pública? Según tuvo acceso ECOS365, el proyecto prevé fondear a la entidad con depósitos judiciales que  hoy están en manos del agente financiero excepto de los correspondientes a los tribunales de Rosario, que están en manos del Banco Municipal de Rosario.

En el pliego de licitación también se le exige al banco que gane como agente financiero que tenga líneas de financiamiento orientadas a empresas que contraten las garantías del fondo de garantía santafesino.

La nueva licitación y los dos proyectos de ley que presenta el Ejecutivo tienen como diagnóstico que el principal problema que tuvo la economía santafesina, derivado de la decisión de la privatización del banco público provincial, tiene que ver con la incapacidad del gobierno de la provincia de contar con herramientas fuertes para acompañar en materia de financiamiento al sector productivo.

“Con estos proyectos de ley, más sus vinculaciones con el pliego licitatorio, vamos a estar abordando de manera integral esta problemática”, aseguró una fuente del gobierno provincial que participó activamente de la elaboración de los proyectos.

Más requisitos

De la lectura del pliego de licitación para el futuro agente financiero se desprende que, en materia de presencia territorial, el banco que resulte ganador deberá tener en tres meses de entrada en vigencia del nuevo contrato la misma presencia territorial de localidades atendidas con sucursales que tiene el actual banco agente.

Sobre esa base está previsto en el pliego que el futuro agente deberá avanzar con un plan de expansión donde se exige mayor cantidad de cobertura en función de la población, incluso cajeros automáticos en aquellas localidades que actualmente no tienen ese servicio.

Para las localidades de menor población y no haya presencia de sucursales ni de cajeros, el pliego que se presentará admite modalidades innovadoras en materia de prestación de servicios, ya sea de gestión de materia de cobro de impuestos o de administración de liquidez –esto es retiro de efectivo- como pueden ser convenios con estaciones de servicios, supermercados, que le permitirán a la gente pagar los impuestos y retirar efectivo por otros canales.

El pliego también plantea garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo que actualmente tiene el banco agente. Esto es mediante un mecanismo de traspaso voluntario por parte de los trabajadores si es que el ganador de la compulsa no es el actual Banco de Santa Fe.