La Asociación Santafesina de Televisión por Cable (ASTC), entidad que nuclea a pequeñas y medianas empresas de este rubro en la región, emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación y disconformidad con el decreto 690/2020, firmado recientemente por el gobierno nacional. La norma declara como servicios públicos a internet, la televisión paga y la telefonía móvil y desató una polémica a lo largo y ancho del país.

El comunicado de la ASTV cuestiona el DNU 690/2020 y advierte que "la inclusión digital no se logra por decreto".

"Por el contrario, esta norma agrega incertidumbre a un contexto donde los operadores estamos haciendo considerables esfuerzos por acompañar a nuestros clientes, sostener la calidad de los servicios y cuidar a los trabajadores, operando en mercados altamente competitivos y tecnológicos", considera la entidad.

"Entendemos que el resultado de un exceso regulatorio como éste será negativo para los intereses de los abonados a los cuales nuestra industria les brinda servicios desde hace más de 50 años. Los usuarios saben, por experiencia, que servicios públicos con tarifas congeladas, lejos de fomentar la inclusión y alivio económico, significan una degradación de las prestaciones que reciben", agrega.

Según la ASTV, se trata de "un sector de la economía que se desarrolló desde los pueblos hacia las grandes ciudades, desplegando redes de comunicación para que los vecinos tengan acceso a la información y a la red mundial. Lo integramos unas 700 empresas pymes de capitales nacionales, que estamos distribuidas por todas las provincias del país".

La norma publicada, "salteando facultades del Congreso, produce serias limitaciones al manejo de nuestras empresas y la vemos como una grave afectación al marco regulatorio que nos rige y a nuestra seguridad jurídica. Peor aún, van a favorecer a nuestros competidores que brindan servicios desde el extranjero mediante plataformas de contenidos que ingresan libremente al país y hacen usufructo gratuito de nuestras redes. No se les exige nada: no pagan impuestos, no emplean trabajadores, no rinden cuentas a los defensores de los consumidores y no se ven sujetas a la ley de defensa de la competencia. Muchas de ellas operan sin tener domicilio en el país", continúa el comunicado.

"Queremos acelerar la inclusión digital, pero estamos en total desacuerdo con la norma. La brecha digital se cierra con más inversión y complementariedad, que coadyuven a extender las redes e incrementar la oferta de servicios. Para eso lo que necesitamos es crédito a tasas razonables para mantener actualizada nuestra infraestructura, que se alivie la pesada carga impositiva que soportan nuestras empresas dándole destino a nuevos desarrollos, que nuestros aportes al Fondo del Servicio Universal lleguen más rápido a zonas vulnerables o que no son rentables para nuestra operación", indica.

Y cierra el comunicado resaltando que "no hace falta declarar nuestro servicio como público para cerrar la brecha digital; el Estado tiene todas las herramientas para remediarla".