Las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) proponen una serie de iniciativas para colaborar con el gobierno provincial en la atención de la emergencia económica, que también atraviesa la sociedad santafesina, una vez superado el período de cuarentena.

Con la sola reactivación de las obras con contrato paralizadas se podrían generar rápidamente más de 4.500 puestos de trabajo registrados en forma directa y otro tanto o más en forma indirecta. Además del efecto multiplicador que tiene la puesta en marcha sobre toda la cadena de la construcción (fábrica de materiales, comercios, talleres, profesionales, etc).

Los representantes de Camarco están convencidos que se puede establecer con el gobierno de Omar Perotti un proceso inmediato de reprogramación y reactivación de los contratos existentes que este de acuerdo a las posibilidades financieras del estado provincial.

Esta semana los gobiernos de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzaron en la emisión de deuda transferible para el pago de deuda con proveedores, entre ellos el sector de la construcción, con el que apuntan a reactivar parte de la parálisis que sufre la economía argentina producto de la cuarentena derivada de la pandemia por Covid-19.

No se descarta que en la provincia de Santa Fe se analice esta posibilidad. De hecho, desde el sistema financiero local reconocieron que funcionarios del gobierno de Omar Perotti realizaron sondeos para estudiar alternativas de estas características. También a nivel nacional se analizan instrumentos parecidos.

El plan de reactivación analizado por las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) contempla que el pago a cuenta de la deuda que tiene la provincia con las empresas -poco más de 3.000 millones de pesos- serviría para darle un desahogo financiero a las mismas y se destinaría al pago de jornales para recuperar los puestos de trabajo perdidos.

Vale recordar que los pagos de la obra pública están paralizados, también los contratos, prácticamente desde agosto de 2019 y fueron tema de discusión entre el sector y el gobierno provincial, que dispuso hasta ayer para que las empresas puedan presentar las acreencias que tienen sobre el Estado santafesino. Ahora se abre un plazo para que el Ejecutivo defina si son correctos los montos y el mecanismo de pago según lo dispuesto por un reciente decreto firmado por la gestión actual.

Desde las conducciones de ambas delegaciones estimaron que una decisión de este tipo, coordinada con las posibilidades financieras de la provincia y las empresas constructoras, puede ser el eje motor de la reactivación económica y del empleo en la provincia.

La puesta en marcha de estas obras permitiría aliviar la actual crisis -sin precedentes- en que encuentran el sector de la construcción de desfinanciamiento y quebranto económico que pone en riesgo la continuidad de muchas de las pymes y las fuentes de trabajos directas e indirectas que éstas generan.