La expeditiva decisión judicial de frenar las habilitaciones de nuevos comercios en Pichincha puso en una especie limbo no sólo una serie de inversiones en emprendimientos gastronómicos que estaban previsto inaugurar antes de fin de año. El impacto económico derivado es mayor, ya que en un radio de 40 manzanas –en pleno macrocentro de la ciudad- el municipio no puede disponer el permiso para abrir ningún tipo de local comercial enmarcado en la ordenanza 7.218 –no sólo bares y restaurantes- y queda en un camino interpretativo las renovaciones de locales actualmente abiertos.

El juez civil y comercial de la 16° nominación, Pedro Boasso, ordenó al municipio que "se abstenga de otorgar nuevas habilitaciones comerciales en el radio comprendido por Balcarce, Francia, Salta y Rivadavia, hasta tanto recaiga sentencia firme" después de que un grupo de vecinos presentara una demanda en el marco de la ley 10.000, de intereses difusos, cansados de reclamar por sentirse perjudicados por el desborde que provocó la expansión del sector gastronómico en esa zona de Rosario.

Todos los actores involucrados reconocen que hay empresarios que no cumplen con las normativas, pero también que existe un cambio cultural y de consumos por parte de la sociedad. Y que desde que comenzaron las reuniones de vecinos –tras numerosas denuncias- hay mayor control, incluso de tránsito.

El mayor problema es el factor ocupacional de los locales gastronómicos y el uso del espacio público, básicamente de las veredas, que provoca molestias en los vecinos.

Los empresarios gastronómicos de la zona comenzaron a estudiar alternativas para tratar esta situación, incluso también de participar de la vía judicial como “terceros perjudicados”.

Lo que más preocupa al sector es que no existen plazos para que el juez, que sorprendió con la velocidad que tomó la decisión, defina ahora sobre la medida que adoptó y que es obligatoria para el municipio hasta su fallo.

Son al menos cinco los proyectos en marcha que solicitaron abrir un negocio y hay otra cantidad similar de inversiones que estaban a punto de dejar de ser un proyecto en una carpeta para pasar materializarse, según fuentes del sector.

Otra preocupación es que hay una serie de locales abiertos que deben renovar sus autorizaciones. Desde el municipio se la otorgarían dado que interpretan que el planteo judicial es sólo para nuevos negocios.

“Todo esto genera incertidumbre e imprevisibilidad y pone en riesgo la creación de nuevas fuentes de trabajo en el actual contexto económico”, coincidieron empresarios que tienen locales en Pichincha y tienen en carpeta nuevos emprendimientos.

“Hay un cambio cultural, pasó en Palermo, en Las Cañitas, y está pasando en Pichincha y no es que falten controles, porque hay locales que fueron sancionados”, apuntó otro de los integrantes de los comerciantes referentes de la zona.

Desde el municipio también están relevando todo el paquete de información requerida por el juez Boasso, que seguramente llegará para ser presentada después de la feria judicial. En esa solicitud hay de todo, y por eso los empresarios están “preocupados” por los tiempos que pueda llevar ese “análisis” y la definición del magistrado.

“Todas las alternativas son analizadas, pero no–y así se le ha expresado a los vecinos como a los comerciantes- que se vayan a dejar de dar habilitaciones, más en un contexto económico tan complejo como para ponerle más trabas a la actividad económica y a nuevas inversiones”, señalaron desde el Palacio de los Leones.

Los concejales de la oposición son muy críticos con la actual gestión de gobierno sobre los controles en Pichincha, pero coinciden en el impacto económico que tiene la actividad gastronómica para la ciudad, incluso como atractivo turístico.

“Se debería haber controlado mejor y pensado antes cómo regular mejor la zona de Pichincha para haber evitado llegar a esto, y tal vez haya que pensar en incentivar hacia adelante incentivos para que se radiquen en otras zonas que afecten menos a vecinos como puede ser la reconvertida avenida Carrasco en La Florida”, consideró el concejal del PRO, Carlos Cardozo.