La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron hoy su "profunda preocupación" por el DNU emitido esta semana por el gobierno nacional interviniendo en la empresa Vicentín SAIC.

El gobierno intervino formalmente este jueves la empresa cerealera por un plazo de 60 días. En paralelo, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el CEO de la compañía, Sergio Nardelli. Según trascendió, Fernández le propuso a la compañía que formule "alternativas superadoras", pero la propuesta de expropiación todavía se baraja. 

Ante esa situación, la agroindustria exportadora no baja la guardia y difundió hoy un comunicado donde piden "respetar todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional". 

"Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país", sostuvieron.

"Toda la operatoria de comercialización de granos y subproductos con el exterior se encuentra altamente regulada y controlada por eficientes organismos del Estado nacional que tienen capacidad para detectar irregularidades y corregirlas", señalaron desde Ciara y Cec.

"El ingreso de divisas de las exportaciones de granos y derivados está altamente controlado y es anticipado antes de que se produzcan los embarques, con plazos de ingresos y formas compulsivas de liquidación a moneda local", explicaron.

Así, se refirieron al sector industrial como uno de los sectores económicos con mayores controles y regulaciones en materia de comercio exterior. Además, cuestionaron el concepto de soberanía alimentaria, que argumentó Fernández cuando se refirió a la intervención para dar un salvataje a la cerealera. 

"Los planteos que ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria no se condicen con la realidad dado que el mercado interno en la Argentina representa el 15% de la producción total del país y toda la producción de granos la realizan miles de productores que habitan en suelo argentino", señalaron desde Ciara y Cec.

"El concepto de soberanía alimentaria ha sido usado históricamente por países importadores para justificar restricciones a las exportaciones argentinas y perjudicar el empleo y el agregado de valor en el país", sentenciaron.

En ese marco, criticaron la participación del estado en la industria, ya que podría "distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido ejemplo mundial de inversiones privadas en innovación y desarrollo".

"Además, la intervención del Estado argentino no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial ya que, si no se consigue brindar certidumbre, el acceso al financiamiento internacional será muy difícil y el ingreso de divisas se pondría en riesgo", agregaron.

"Sin perjuicio de lo anterior, si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado", finalizaron.