Crece la disputa por la concesión del Complejo España, que incluye el Restaurante Don Ferro, Flora, el salón de fiestas y el gimnasio. Uno de los oferentes denunció que el actual concesionario incluyó en la lista de empleados a 11 de los 121 declarados, que en realidad pertenecerían a otro emprendimiento concesionado por el municipio de Rosario.

La definición de esta licitación, como las de otras concesiones, de espacios gastronómicos -junto con la demora en su definición por las idas y vueltas- no ha hecho más generar incertidumbre y roces entre oferentes que no deberían presentarse con las reglas de juegos claras.

Sin embargo, la Dirección General de Gestión y de Control de Concesiones municipal tiene el actual concesionario (Sergio González – Pedro Ritagliati) y un consorcio integrado por las sociedades Rules SRL y Construcciones 3 SRL, encabezado por la familia gastronómica Marshall en una batalla que solo crece.

La licitación contempla aspectos relacionados con el proyecto de inversión y canon, donde cada uno presentó su oferta. Y están claros los números. También prevé la continuidad de los empleados. Y es en este último punto donde ahora aparece la última de las disputas.

Respecto a los empleados surgió una diferencia en la cantidad y es clave por dos razones. Una porque en las condiciones del pliego consta que la previsión de que el oferente obtiene puntaje extra si ofrecen contratar a los empleados a se encuentran trabajando en las unidades de negocio de la actual concesionaria, que declaró que tiene 121 personas contratadas.

Sin embargo, esta semana trascendió que Marshall denunció -con una constancia notarial- que el actual concesionario habría incluido 11 personas en la nómina empleados que formarían parte de la plantilla de otro emprendimiento que posee conocido como Río Mío.

En el documento por Marshall recuerda que de comprobarse esta irregularidad se apliquen las sanciones previstas en el artículo 20 del pliego de bases y condiciones, que plantea que frente al "falseamiento de datos" se "determinará la inmediata exclusión del oferente". 

Desde el municipio dicen que lo que cuenta es la nómina que tiene el Estado local registrados y no lo que dice el concesionario o el sindicato.

También a ambos oferentes le habían pedido información extra sobre sus propuestas para definir en breve. A Ritagliati le solicitaron que amplíe lo que consideran desde el gobierno como "escasa" su oferta de inversión en el proyecto y a Marshall que demuestre el "apoyo económico" que respaldaría su potencial desembarco. Ambos habrían presentado esta documentación.

El Ejecutivo actual debería tomar una decisión, porque los plazos ya se extendieron más allá de lo previsto y porque a medida que pasa el tiempo la disputa tiende a escalar a niveles que la ciudadanía podría terminar pagando los platos rotos. Desde las filas del intendente electo Pablo Javkin plantean que debe quedar cerrado antes de asumir.