El gobierno nacional acordó junto a gobernadores, principalmente opositores, para asistir a las provincias tenedoras de bonos reperfilados que habían quedado atrapadas en el cepo light y que tenían dificultades para hacer frente a compromisos financieros.

El mecanismo de compensación fue elaborado en la Casa Rosada por los ministros del Interior y de Hacienda, Rogelio Frigerio y Hernán Lacunza, quienes habían recibido a funcionarios provinciales que necesitaban destrabar el control cambiario. En muchos casos para pagar deudas propias en dólares que estaban calzadas con los vencimientos de Letras del Tesoro en pesos (Letes) y Letras Capitalizables (Lecaps), afectadas por la reprogramación de pagos que Nación fijó para personas jurídicas.

A través de la resolución 731/2019 de Hacienda, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que creó el Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera “con el fin de asistir financieramente a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, para atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”, como indica el texto.

Las provincias tienen invertidos unos u$s 1.200 millones en esos títulos, y de acuerdo a la normativa nacional recibirían un 15% al momento del vencimiento, el 25% a los 90 días del pago anterior (más el interés) y a los 180 días corridos el saldo remanente. Esto prejudicaba a las provincias que tienen vencimientos en dólares inminentes. La semana pasada, San Juan y Buenos Aires tuvieron que realizar pagos, y esta semana Santa Fe afrontó compromisos por u$s 9 millones, que planeaba cancelar con dinero invertido en Letes (unos u$s 20 millones). La solución de la administración del socialista Miguel Lifschitz fue comprar divisas con pesos de recursos provinciales.

La situación avanza para darle respiro a Buenos Aires, Caba, Mendoza, San Juan, Salta, Río Negro, Catamarca, Formosa, Santa Fe y La Rioja, que deberán suscribir a un convenio para poder rescatar los bonos reperfilados. 

La intención es darle acceso a dólares a los distritos que tengan que pagar servicios de deuda en esa moneda; una excepción al control cambiario.

La resolución publicada faculta “a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda para determinar la moneda de asistencia y su cantidad, en función de las necesidades financieras de las respectivas jurisdicciones”. El giro de los fondos a los distritos se realizará a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.