El Gobierno de Alberto Fernández restableció las trabas para la importación de libros que había sido derogada durante la gestión de Mauricio Macri.

A través de la Resolución 253/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo publicado el lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial se restable el cepo al ingreso de literatura del exterior que se había establecido en el 2010 mediante una medida impuesta por el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

En aquel momento, se justificó la decisión bajo una excusa ambiental vinculada al nivel de plomo que supuestamente contenían libros y revistas extranjeras, a menos que se tratara de pequeñas partidas, aprobadas por el organismo.

Según la medida, se había comprobado que la tinta de muchos de los textos que llegan del extranjero, tienen un alto contenido de plomo lo cual generó fuertes críticas del sector y entre los empresarios quienes coincidían en que la prohibición de traer libros no tenía nada que ver con la salud de los lectores sino que se enmarcaba en las trabas que el entonces gobierno de Cristina Kirchner imponía a las importaciones de cualquier tipo, en su afán por frenar la salida de divisas de un país que apenas recibe inversiones del extranjero.

De esa forma, los libros y otras publicacioens que llegaban al país vía aérea quedaban con su salida bloqueada de los depósitos fiscales o de las terminales portuarias con el objetivo no declarado de que las grandes editoriales extranjeras, principalmente las de España, Colombia y Uruguay comiencen a imprimir sus textos en la Argentina.

La otra opción que tenían era la de exportar la misma cantidad que importaban para mantener el equilibrio entre la salida y la entrada de divisas.

Ahora, fuentes del ministerio que dirige Matías Kulfas aseguran que no se trata de un cepo sino de restablecer un control sanitario que existía y que el gobierno anterior derogó. "Tiene como objetivo garantizar que los materiales utilizados no sean perjudiciales para la salud", insisten los funcionarios actuales, quienes agregan que quedan exceptuados de la certificación - por resolución 26/12 – los libros de pequeñas tiradas, menores a 500 ejemplares por mes y, por ejemplo, para colecciones pequeñas o libros científicos.

En sus considerandos, la resolución actual de Kulfas recuerda que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, y a una información adecuada y veraz.

También que el artículo 5º de la Ley Nº 24.240 establece que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.