Tal como adelantó Ecos365 en el día de ayer, empresarios santafesinos buscan avanzar con un esquema de medidas a escala provincial, en consonancia con los anuncios realizados por el Gobierno Nacional el jueves pasado sobre nuevas disposiciones para incentivar la actividad económica. Nuevamente, el Consejo Empresario para la Producción de Santa Fe volvió a pronunciarse para pedir que la Legislatura apruebe la adhesión a la ley de Riesgo de Trabajo (ART).

Desde la entidad advierten "sobre la necesidad impostergable y definitiva para que la Provincia de Santa Fe, adhiera a la Ley Nacional complementaria de la LRT Nº 27.348", y destacan que la misma fue sancionada el 15 de Febrero de 2017, lo que resulta "un plazo excesivo para generar los debates y consensos necesarios para su aprobación".

"En todo este largo tiempo transcurrido, que no ha sido neutro para nuestras empresas, a partir de mantener altos costos por excesiva litigiosidad; se fueron adecuando y mejorando no sólo las condiciones mismas para la efectiva aplicación de la norma (con la creación de nuevas Comisiones Médicas); sino que asimismo, se fue perfeccionando el texto normativo, en resguardo de los derechos de los trabajadores santafesinos y la sustentabilidad de las unidades productivas", señalan desde el Consejo Empresario.

También afirman que desde la sanción de dicha ley, la misma "viene a poner el foco en uno de los temas que provoca mayor distorsión en todo el régimen reparatorio de los infortunios laborales, cual es la alta, y muchas veces, fraudulenta litigiosidad, sumado a la creación de los cuerpos médicos periciales y la adecuada utilización de los baremos"..

En el texto, el Consejo Empresario destaca que, tanto la Provincia de Santa Fe, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza concentran el 93% de la litigiosidad del país y el 77% de la siniestralidad.

"Ello ha llevado a lo largo de estos años que, mientras el promedio de alícuotas a nivel nacional sea del 2, 78%, en nuestra Provincia se eleva al 4,06%; lo que genera un sobre costo de más de $ 358 millones mensuales, que el sector empresario, esencialmente pyme está soportando por la falta de instrumentación de esta reforma", indican en el texto.