El veedor oficial ante la empresa Vicentín, Gabriel Delgado, aseguró que el gobierno analiza "todas las propuestas para sacar a la empresa adelante" y que el propio presidente Alberto Fernández le transmitió que "no va a avanzar en ninguna medida que divida a los argentinos”.

En ese sentido, manifestó que espera una respuesta del juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de la empresa, a la presentación que hizo el gobierno de Santa Fe de reemplazar al directorio de la cerealera por una intervención colegiada con dos representantes del gobierno nacional y uno del gobierno provincial.

"Somos respetuosos de la voluntad del juez, y vamos a seguir buscando alternativas para tratar de salvar las fuentes de trabajo, para tratar de salvar las exportaciones y para tratar de salvar el interés de los acreedores", afirmó Delgado en una entrevista con Infobae.

"Sin hacer juicio de valor sobre las causas que están abiertas, hay un dato básico: existe un concurso, y el Estado nacional tiene casi el 30%. Y hay un reclamo de los acreedores para que el Estado intervenga", manifestó.

Delgado, doctor en Economía con especialización en Finanzas Rurales, fue designado por el gobierno como interventor de Vicentín el 8 de junio, a la espera de que avance una ley de expropiación de la empresa luego de que cayera en una convocatoria de acreedores por impago de una deuda por unos 1.400 millones de dólares.

Sin embargo, el viernes pasado el juez Lorenzini ordenó reponer al directorio de la empresa, medida que fue apelada por el gobierno santafesino que denunció a los actuales directores y aseguró que existe un interés público sobre la empresa.

“Quiero trasmitir la opinión del presidente: no va a avanzar en ninguna medida que divida a los argentinos”, aseguró Delgado, quien dijo que Fernández busca "agotar todas las instancias superadoras y analizar todas las propuestas para sacar a la empresa adelante".

"El presidente está abierto a escuchar soluciones para poder salir adelante con la compañía, con exportaciones, con mantener el empleo. Y eso hacerlo en un marco que evite la división de los argentinos", agregó.

Delgado señaló que las acciones de Vicentín están "muy atomizadas" en unas cien personas y que "un grupo de esos accionistas manejó la compañía cuando se generó este terrible problema financiero por casi 1.500 millones de dólares".

"Estamos preparando un informe interno para entregar al presidente. Y convocamos a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que nos ayuden", dijo el veedor oficial, que adelantó que, en cualquier escenario, "el Estado nacional no se va a quedar ajeno a la compañía Vicentín", ya que es uno de los acreedores principales.

"Hay un interés genuino del presidente de que no se pierdan las fuentes de trabajo, que se continúe con el desempeño exportador de la compañía, y hay muchos productores y cooperativas que no han podido cobrar sus acreencias. Nuestra principal idea es rescatar a la empresa", concluyó Delgado.