La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) determinó nuevos parámetros para establecer la rentabilidad en una operación de comercio exterior, y fijar en consecuencia el impuesto a las Ganancias que corresponde tributar, a través de la resolución general 4717/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La ley del impuesto a las Ganancias contempla la determinación de precios de transferencia y de operaciones internacionales para determinar la rentabilidad que surge de ellas. En diciembre de 2018, se incorporaron nuevas disposiciones a la reglamentación de la ley del gravamen, al tiempo que se fijaron los importes mínimos de las operaciones sujetas al análisis de precios de transferencia. El año pasado se incorporaron las transacciones realizadas con sujetos radicados en jurisdicciones no cooperantes.

A partir de esto, la nueva resolución de la Afip pretende demostrar la correcta determinación de los precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de ganancia que resulten de las transacciones realizadas con países de nula o baja tributación o no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal.

Del mismo modo, busca determinar los precios fijados en operaciones de exportación e importación de bienes.

A comienzos de esta semana, la Dirección General de Aduanas (DGA) reactivó
un área clave en el control de los productos que ingresan y salen del país, con el objetivo de combatir la evasión impositiva y la fuga de divisas. Se trata de la fijación y el monitoreo de los precios de referencia para importaciones y exportaciones, lo cual fortalecerá la fiscalización y el combate a las maniobras abusivas en materia de sub y sobrefacturación del
comercio exterior.

El objetivo detrás de una subfacturación es pagar menos impuestos por la mercadería vendida. En vigencia de medidas de administración del mercado de cambio, la subfacturación de exportaciones puede además funcionar como un mecanismo para retacear el ingreso de divisas al país.

A partir de la Resolución General 4710/2020 de la Afip, se restablecieron valores referenciales de exportación de carácter precautorio, para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur.

La decisión forma parte de la estrategia de la Aduana, organismo que encabeza Silvia Traverso, y revitaliza un área que había sido desarticulada como parte de la política de apertura y desregulación implementada por el gobierno anterior. Desde la Aduana criticaron a la gestión de Cambiemos como responsable de la desregulación y de haber vaciado la oficina que sirven para detectar operaciones de subfacturación y sobrefacturación en el comercio exterior.

A su vez, en línea con las recomendaciones del Plan de Acción BEPS (contra la erosión de la base y el desvío de utilidades, por sus siglas en inglés) de la OCDE-G20, la normativa también requiere a los grupos económicos con ingresos anuales superiores a los 2 mil millones de pesos a presentar los llamados “Informes Maestros” donde deberán desglosar ingresos, beneficios, impuestos y otros atributos de cada grupo por cada jurisdicción fiscal (informes país por país).

La Aduana coordina junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo la definición de los nuevos los valores criterio de importación y apunta a ampliar el alcance a más productos.