El faltante de arena por un prolongado conflicto sindical ya alcanzó a toda la cadena de la construcción. Corralones se quedaron material, hormigoneras adelantaron vacaciones y constructoras liquidaron sus stocks y empezaron a paralizar obras.

Una importante hormigonera de la ciudad licenció a 40 operarios jueves, viernes y lunes, ante la imposibilidad de trabajar por haberse quedado sin este vital elemento. Sobre el cierre de la semana, los corralones entregaron los últimos bolsones de arena, que desde hacía tiempo tenían encargados. A los clientes que acudieron a comprar más, les tomaron el pedido pero recién los llamarán cuando haya reposición.

Las constructoras tampoco venían con tanto stock, porque durante todo el año el material no abundó debido a los problemas logísticos derivados de la pandemia y sobre todo a la pronunciada y prolongada bajante del río, que en muchas ocasiones impidió la normal extracción. Por eso el corte de los últimos días afectó a más de una, que ya analiza seriamente en paralizar obras si el conflicto no se resuelve a la brevedad.

De acuerdo a lo informado por el Grupo Construya, que aglutina a las principales empresas de provisión de insumos para la construcción, en el mes de septiembre se observa por cuarto mes consecutivo un incremento interanual, en esta oportunidad del 18,5%. De esta forma el acumulado anual continúa en negativo (13,2 %) pero mejorando.

De hecho, la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV) envió una carta al ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman, poniéndolo en conocimiento de esta situación, y advirtiendo que está en riesgo la recuperación de un sector clave en la economía, por ser demandante de todo tipo de materiales y sobre todo multiplicador de empleo.

“La paralización de los despachos de arena, ocasionada por el conflicto sindical, genera un enorme perjuicio económico a la industria, a constructoras y proveedores. Pero además deja excavaciones en subsuelos, bases sin rellenar desde hace varios días, poniendo en riesgo de desmoronamiento las estructuras, y dejando expuestas las redes de infraestructura”, advierte la misiva.

Además, asevera que con una obra parada, la gente queda inactiva. “De ahí a la desocupación hay un sólo paso, afectando a grandes contratistas, pymes y monostributistas profesionales”, indica y agrega: “Paradójicamente cuando toda la Nación manifiesta una voluntad de contribuir a la salida de este momento histórico particular, resignando beneficios óptimos, un sector utiliza su interés particular para impedirlo”, dispara.

Las desarrolladoras tienen un enorme malestar, porque luego de sufrir un año de parates permanentes de obras y severas restricciones en la cantidad de operarios, finalmente habían logrado empezar a recuperar el terreno perdido. Las vicisitudes de la macroeconomía, la imposibilidad de acceder al dólar por el circuito legal, el temor a que la inflación se coma los ahorros y los bajos costos en moneda norteamericana para construir habían colocado otra vez al ladrillo como protagonista de las inversiones.

Y ahora ven cómo un conflicto completamente ajeno amenaza con privarlas también de esta oportunidad. Lo mismo corre para las empresas dedicadas a la obra pública, que finalmente habían logrado cobrar buena parte de lo adeudado por la Provincia y en algunos casos se disponían a retomar los trabajos. Lo peor es que la disputa sindical, que ya lleva varios meses pero que se agudizó esta última semana por el fin de la conciliación obligatoria y el retorno de la medida de fuerza, no tiene perspectiva favorable de resolución.

El conflicto se desató cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), que reúnen al personal de las embarcaciones extractoras de arena y piedra, exigieron una recomposición salarial del 55%. Desde la patronal le respondieron que ya habían otorgado un 15% en abril, y tras prolongadas negociaciones ofertaron un 51% en el salario básico y un 35% en los plus por viaje.

La Cámara de Arena, Piedra y Navegación Fluvial del Litoral (Capnaf) destacó que esta oferta representa en forma aproximada un incremento en el salario neto de bolsillo de entre $80.000 y $100.000, dependiendo del cargo que desempeñe en el buque, y que se aplica a un sueldo que ya ronda los $150.000 a $300.000 mensuales.

“Esta actitud intransigente y extemporánea de las entidades gremiales sorprende en el contexto donde se desarrolla: en uno de los peores momentos de la historia del país con pandemia y Emergencia Sanitaria y Económica. Esta medida de fuerza inexplicable, que nos causa un daño económico irreparable, nos impide continuar ofreciendo esos importantísimos porcentajes de aumento, por lo cual empeora la posibilidad de salida del paro”, señalaron.

Además, empresas del sector remarcaron que de convalidarse el aumento exigido, subiría exponencialmente el costo de los bolsones de arena, repercutiendo en toda la cadena.

El lunes está prevista una nueva reunión entre las partes en la que se buscará llegar a un acuerdo. En caso de que se levante el paro y se retomen las tareas de extracción inmediatamente, habrá que esperar al refulado del material que demora no menos de 24 horas y recién entonces llegará el despacho, por lo que la normalización llevará unos días. Pero encima, las perspectivas de arreglar no son las mejores.