Caso Remax: la empresa y los corredores se cruzan críticas tras el fallo de IGJ

La franquicia está acusada de operar de forma ilícita en el país. Santa Fe también tuvo un episodio en donde corredores inmobiliarios enfrentaron a la empresa en la justicia

     Comentarios
     Comentarios

El sector inmobiliario se vio sacudido en las últimas horas por una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que determinó que la cadena de inmobiliarias Re/max ya no podrá operar en el país. La marca, originaria de Estados Unidos, desembarcó en Argentina en el año 2005 y a través del modelo de franquicias logró expandirse por todo el territorio nacional. Hoy cuenta con más de 150 oficinas en 42 ciudades.

Fue el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), quien denunció a la empresa antes la el organismo que regula y controla a las sociedades comerciales, al considerar que Re/max hace un “ejercicio ilícito” de la actividad inmobiliaria.

Para avanzar contra la firma, la IGJ resolvió una serie de puntos entre los que destacan: que no es lícito que inmobiliarias trabajen bajo régimen de franquicias; que la firma, con sede original en Estados Unidos, ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local; que se beneficia participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por subfranquiciados.

Además, señala que quienes tienen la licencia de la franquicia en Argentina, Sebastián Sosa y Dotti Peñate, no son agentes inmobiliarios, sino comerciantes y que muchos de los subfranquiciados que les compran la marca tampoco están matriculados. Este último punto se enfrenta directamente con la ley 20.266, luego reformada por la 25.028, que estipula que en Argentina, a la hora de ejercer las actividades de remate o corretaje, quienes se propongan realizarla deberán contar con un título universitario.

Qué dice Re/max

Ecos365 intentó contactarse con los referentes de Re/max pero desde la marca le respondieron que por el momento preferían no salir a hablar. Sin embargo, la empresa lanzó un comunicado donde informaron que apelarán la resolución de la IGJ.

“La resolución de la IGJ, de público conocimiento, impulsada por una denuncia del Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires, es otro claro ejemplo de la animosidad con la que incesantemente intentan perjudicar a una red inmobiliaria en la que confían 60.000 argentinos para vender y comprar sus propiedades. La resolución en cuestión está basada en información imprecisa sobre el funcionamiento de la sociedad, y es por eso que será apelada correspondientemente”, señalaron desde la empresa.

“Este cuerpo colegiado está utilizando ésta y otras instituciones estatales para impedir el crecimiento de una red de inmobiliarias de gran éxito en todo el país en un claro acto antidemocrático. Lo han intentado imponiendo sanciones injustificadas y llevando asuntos internos a la justicia para atacar lo novedoso, no para liderar el futuro del rubro para sus colegiados ni para proponer un beneficio al cliente.”, destacan desde Re/max.

También remarcaron que la empresa cumple con la legislación vigente sin transgredir ninguna norm: "Cada Inmobiliaria adherida a Re/Max cuenta con un martillero o corredor público inmobiliario responsable, al igual que todas las inmobiliarias. Actualmente, la red cuenta con más de 500 profesionales recibidos de Corredores y Martilleros, convirtiéndose en la marca inmobiliaria con más representantes colegiados.

Diferentes legislaciones

Andrés Gariboldi, al frente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), contó a Ecos365 que hace tiempo que desde el sector vienen planteando lo “ilícito de operar bajo el régimen de franquicia teniendo en cuenta que en el país el corretaje inmobiliario es una actividad profesional, que requiere de personas formadas en universidad y con habilitaciones para ejercerla”.

En este conflicto entran en juego las distintas legislaciones que operan para el corretaje inmobiliario según el territorio. Esta regulación no es la misma en Estados Unidos, donde fue fundada Re/max en 1973, que en la Argentina.

La principal diferencia es que Estados Unidos este modelo incluye al bróker y a los agentes inmobiliarios. El bróker es el que dirige las operaciones inmobiliarias y gestiona todo lo que tiene que ver con la transacción, en los ámbitos económico, urbanístico y legal, mientras que el agente es el que capta las propiedades y a los clientes interesados. Este último no necesita tener un título habilitante para ejercer esta actividad.

En Argentina, el corretaje inmobiliario se basa en un ejercicio profesional que establece que tanto agentes como corredores inmobiliarios deben pasar por la universidad y tener título para desempeñarse en el sector. Este motivo es la causa principal por la cual las corredoras inmobiliarias sostienen que la franquicia ejerce la actividad de forma ilegal.

“La IGJ entendió que una empresa estadounidense está ejerciendo el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, abriendo franquicias con agente independientes que no están matriculados para ejercer la actividad. Si no me equivoco en Rosario ya cuentan con ocho oficinas", señaló Gariboldi.

Un antecedente en Santa Fe

“El problema no es Re/max empresa y tampoco se trata de un problema de competencia como lo quieren hacer ver ellos”, señaló Javier Grandinetti, corredor inmobiliario y ex presidente de Cocir, quien fue uno de los que protagonizó una fuerte lucha desde el sector para frenar el funcionamiento de la empresa.

“Nosotros los inmobiliarios nuca limitamos la competencia, el problema son las reglas de juego de esa competencia. El sistema de franquicias de Re/max vino a precarizar el ejercicio profesional y las relaciones laborales. No pagan costos, tienen a sus franquiciados con monotributo y ellos para usar la marca tienen que pagarle a la franquicia, a la vez que parte de esas ganancias se van a Estados Unidos”, destacó el corredor inmobiliario.

Este nuevo capítulo para la marca americana tiene un antecedente en Santa Fe. Grandinetti contó que a través del tribunal de ética que regula la profesión, tres años atrás el Cocir avanzó en la sanción a un grupo de corredores inmobiliarios que facilitaron el ejercicio profesional de personas no matriculadas bajo el uso de la franquicia Re/max.

“Se los sancionó con suspensiones a estos corredores, ellos apelaron ante la Cámara Penal de la Provincia y todos los fallos de la Cámara Penal le dieron la razón al Colegio”, contó el ex presidente del Cocir y agregó que los corredores sancionados terminaron acudiendo a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la cual muy llamativamente a principios del año pasado falló en contra de todos los camaristas, adjudicando que el esquema que proponía Re/max era una nueva forma de contratación no ilícita.

"Todas las provincias tienen el mismo problema con Re/Max, esto no es nuevo. Lo que sucede ahora es que por primera vez a nivel nacional, en vez de avanzar sobre los corredores, el Colegio de Buenos Aires busca la alternativa de ir contra la franquicia madre, logrando un fallo que dictamina que no se puede franquiciar la profesión", destacó Grandinetti.

Todavía es pronto para saber qué pasará con Re/max en Argentina y se deberá aguardar al avance de la causa en la Justicia, aunque sin dudas esta resolución sienta un precedente para la actividad inmobiliaria en todo el país.

Comentarios