Después de que las empresas hayan estado años sin poder computar la incidencia de la inflación en sus respectivas determinaciones del Impuesto a las Ganancias, las cifras oficiales de inflación se han elevado hasta el punto de alcanzar los niveles necesarios establecidos por la ley 27.430 y sus modificaciones, que permite (y obliga) a los contribuyentes a realizar el citado ajuste para determinar de su Impuesto a las ganancias anual.

Ahora bien, luego de esperarlo con ansias, este ajuste puede llegar en el peor escenario posible para las empresas, al punto de generarles un mayor saldo en el impuesto. Es decir, el remedio tan ansiado, vendría a profundizar la enfermedad.

Como bien sabemos, el impacto de la inflación genera mayores pérdidas mientras mayores sean los saldos que una empresa tiene en activos monetarios (caja, bancos, cheques en cartera, cuentas por cobrar, inversiones corrientes, etc.). En sentido contrario, puede generar un beneficio económico en la medida que una empresa se endeuda, o dicho de otro modo, aumenta sus pasivos monetarios (Proveedores, Cheques de Pago Diferidos, Cuentas por Pagar, Préstamos, Sueldos y Leyes Sociales a Pagar, etc.).

Dicho esto, se impone analizar el escenario actual, donde la pandemia causada por el Covid-19, entre otras cosas, produjo una profundización en la recesión económica de las empresas, que no ven otra alternativa para financiar sus pérdidas, sino a través del endeudamiento corriente (mayores saldos en cuentas corrientes, descubiertos bancarios, emisión de cheques a mayores plazos, préstamos a tasas subsidiadas por el Estado, etc.).

De esta manera, el impacto del ansiado ajuste por inflación impositivo arrojaría un importe “positivo” es decir, un mayor importe de impuesto a las ganancias a pagar, producto de este “beneficio” que el citado endeudamiento produce.

De no producirse un cambio rotundo en la coyuntura actual de las empresas, es difícil concluir que este ansiado ajuste por inflación impositivo venga a ser un aliado para las empresas, sino más bien, un enemigo invisible.

(*) C.P. Lucía Senor es especialista en Derecho Tributario del estudio ISL Contadores.